La jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Yanibet Rivas, envía a juicio de fondo al exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, a José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez) y compartes del caso Camaleón, acusados de adjudicar de manera fraudulenta un contrato para la modernización de la red semafórica del Gran Santo Domingo.
También fueron enviado a juicio los imputados Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología del Intrant; Frank Rafael Atilano Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras; Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del Intrant; Carlos José Peguero Vargas, Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Feliz Casso.
Además fueron enviada a juicio las empresas involucradas en el expediente: Transcore Latam S.R.L., Aurix S.A.S., Inprosol S.R.L., OML Inversiones S.R.L., PagoRD Xchange S.R.L., Industria Soltex Dominicana S.R.L. y Dekolor S.R.L.
La jueza adoptó su decisión debido a que el Ministerio Público aportó pruebas que los vinculan a una series de hechos cometidos en perjuicio del Intrant y el Estado dominicano la cual deben ser presentadas durante un juicio de fondo.
Acusación del Ministerio Público en el caso Camaleón
De acuerdo con la acusación, se determinó que mediante contratos y convenios irregulares con Dekolor S.R.L., PagoRD Xchange S.R.L. y Transcore Latam S.R.L. se otorgó acceso privilegiado a estas empresas, las cuales habrían sido utilizadas para desviar fondos públicos y ejecutar operaciones de lavado de activos, vulnerando los principios de transparencia, seguridad tecnológica y legalidad administrativa.
Según el expediente, el eje central del esquema es José Ángel Gómez Canaán, quien mantiene vínculos societarios, financieros y operativos con las empresas Dekolor, PagoRD Xchange, Transcore Latam y Aurix. Bajo su dirección, estas entidades habrían conformado una estructura criminal dedicada a la estafa contra el Estado, el lavado de activos y el sabotaje tecnológico, consolidando el control sobre infraestructuras críticas y recursos estratégicos estatales.
En octubre de 2024, la jueza Fátima Veloz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, declaró el caso complejo e impuso medidas de coerción contra Hugo Beras, José Ángel Gómez Canaán, Pedro Vinicio Padovani Báez, Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, Frank Díaz Warden, Juan Francisco Álvarez Carbuccia y Carlos José Peguero Vargas.
Rol de los imputados
José Ángel Gómez Canaán es señalado como beneficiario de contratos fraudulentos suscritos a través de Transcore Latam, Dekolor y PagoRD Xchange. También se le atribuye el control de sistemas semafóricos, videovigilancia y espionaje tecnológico, así como el sabotaje de la red semafórica del Gran Santo Domingo.
Hugo Beras habría facilitado adjudicaciones fraudulentas a empresas sin capacidad técnica y participado en la manipulación de la red semafórica y del sistema de videovigilancia.
Frank Díaz Warden es acusado de manipular licitaciones y decisiones del Comité de Compras para favorecer a empresas vinculadas al presunto esquema de corrupción.
Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda habría facilitado el control técnico de la red semafórica y falsificado certificaciones.
Juan Francisco Álvarez Carbuccia es señalado por emitir certificaciones falsas de disponibilidad presupuestaria.
Pedro Vinicio Padovani Báez habría supervisado el Centro de Control de Tráfico y participado en licitaciones fraudulentas, operaciones de lavado de activos y sabotaje de la red semafórica.
Carlos José Peguero Vargas es acusado de movilizar fondos a través de Inprosol S.R.L.
Mariano Gustini y Manuel Eduardo Mora Vázquez, representantes de PagoRD Xchange, habrían actuado como testaferros, ocultando la propiedad real de la empresa y desviando fondos hacia Gómez Canaán.
Mientras que Henry Darío Féliz Casso es señalado como intermediario financiero en el desvío y lavado de fondos públicos.
Empresas señaladas en la acusación
Con relación a las personas jurídicas, la acusación establece que Transcore Latam S.R.L. fue utilizada para ejecutar contratos fraudulentos y controlar la red semafórica.
Mientras que PagoRD Xchange S.R.L. habría sido empleada para la apropiación de ingresos públicos y la adquisición de bienes de lujo. En el caso de Industria Soltex Dominicana S.R.L. es vinculada a operaciones de lavado de activos y contrabando.
Asimismo, Dekolor S.R.L. habría servido para encubrir, desviar y manipular licencias, mientras que Aurix S.A.S. habría sido destinada al espionaje y sabotaje tecnológico.
En tanto que Inprosol S.R.L. funcionó presuntamente como vehículo financiero del esquema y OML Inversiones S.R.L. fue utilizada para adquirir bienes inmuebles con fondos de origen ilícito.
Delitos imputados
Los acusados enfrentan cargos por coalición de funcionarios, asociación de malhechores, lavado de activos, desfalco, estafa contra el Estado, sabotaje, robo de identidad, crímenes y delitos contra la nación y delitos de alta tecnología, entre otras infracciones contempladas en la legislación dominicana.
Por Teresa Casado
