Sánchez Ramírez. — Una orden de arresto fue emitida contra Carlos David Alba Rodríguez, hijo de la gobernadora provincial de Sánchez Ramírez, Cristiana Rodríguez de Alba, acusado de presunta violencia de género e intrafamiliar en perjuicio de Dalia Anacaona Cruz de Alba, según consta en un documento del Poder Judicial.
La orden fue dictada por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Sánchez Ramírez, tras acoger la solicitud presentada por el Ministerio Público y valorar las pruebas aportadas dentro del proceso.
De acuerdo con la resolución judicial, el imputado es investigado por presunta violación a los artículos 309-2 y 309-3 del Código Penal dominicano, modificados por la Ley 24-97 sobre violencia intrafamiliar y de género.
El expediente establece que el Ministerio Público presentó diversas evidencias, entre ellas testimonios de la víctima, varias actas de denuncia, una orden de protección y un informe psicológico de determinación de riesgo, elementos que sirvieron de base para que el tribunal autorizara la emisión de la orden de arresto.
Según el documento, el tribunal consideró procedente la medida luego de ponderar las argumentaciones del órgano acusador y el aval probatorio presentado en el caso.
Asimismo, la disposición judicial ordena que, una vez ejecutado el arresto, se respeten los derechos fundamentales del imputado, y establece que este deberá ser presentado ante el juez competente dentro de un plazo máximo de 48 horas, conforme a lo que establece la normativa procesal penal.
El expediente judicial también hace referencia a denuncias previas presentadas por la presunta víctima, así como a la existencia de una orden de protección emitida anteriormente a su favor, lo que forma parte del historial del caso.
Las acusaciones describen una serie de incidentes que, según la denuncia, habrían ocurrido en medio de un proceso de separación entre las partes.
El caso ha generado cuestionamientos en distintos sectores, luego de que se señalara que la orden de arresto aún no habría sido ejecutada, pese a haber sido emitida por el tribunal.
En ese contexto, voces de la sociedad civil han planteado la necesidad de que las autoridades actúen con transparencia y sin privilegios, recordando que los casos de violencia de género deben ser atendidos con firmeza, independientemente de la posición o vínculos de los involucrados.
El proceso continúa bajo investigación del Ministerio Público, mientras se espera la ejecución de la orden judicial y el desarrollo de las diligencias correspondientes dentro del marco del debido proceso.
