Los Comentarios del Patrick. –
En el municipio de Duvergé, una queja generalizada se ha extendido entre los empleados públicos: la obligación de entregar parte de su salario a figuras prominentes del partido de gobierno. Esta práctica, denunciada por múltiples trabajadores, es una forma de abuso de poder que no solo vulnera sus derechos laborales, sino que también perpetúa un sistema de clientelismo y corrupción.
El esquema denunciado es claro: quienes recomiendan a un empleado para un puesto exigen el 40 % de su sueldo como “tributo” por el favor concedido. No se trata de una práctica nueva en la política dominicana; en gobiernos anteriores también existían mecanismos similares, aunque con una modalidad diferente. Antes, quienes recibían sueldos elevados (30,000, 40,000 o 50,000 pesos) debían repartir una porción de su salario entre varias personas. Ahora, el dinero va directamente a una sola figura con poder de nombramiento, consolidando así un modelo más centralizado y descarado de explotación.
Esta situación no se limita a las instituciones gubernamentales tradicionales. En las entidades descentralizadas del Estado, donde los principales ejecutivos también imponen este tipo de exacciones, los empleados se ven igualmente obligados a entregar parte de su sueldo. Esto demuestra que la avaricia y el abuso han permeado distintas esferas del sector público, afectando a quienes dependen de estos empleos para su sustento.
El comunicador Luis María Ruiz Pou, en su artículo del 28 de abril de 2024 en Al Momento, tituló acertadamente esta realidad como “La avaricia: sueño de algunos políticos”. En su escrito, señala que “la avaricia se identifica con la rapiña y el robo, con la ambición desmesurada y la confianza en la riqueza”. Comparando a estos políticos con barcos sobrecargados que terminan hundiéndose, advierte que la corrupción solo lleva a la ruina.
Es un recordatorio de que quienes hoy se benefician de estos abusos pueden ver su poder desmoronarse cuando cambian las circunstancias. En un contexto donde el presidente de la República no busca la reelección, los políticos con aspiraciones deben ser aún más cautelosos. Cuando el miedo desaparece entre los empleados abusados, estos comienzan a alzar la voz y a buscar protección en quienes estén dispuestos a escuchar.
Este no es un simple reclamo laboral; es una denuncia de una estructura de corrupción que debe ser desmantelada. El servicio público no puede seguir siendo un negocio privado de unos pocos a costa de la dignidad de muchos.
