El Gobierno dispuso la implementación de la firma digital cualificada para la aprobación de órdenes de pago, con el objetivo de agilizar los procesos administrativos y reducir los tiempos en la gestión financiera del Estado.
La medida se aplicará a través del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF) y será validada mediante el Gestor de Firma Gubernamental, herramientas que permitirán optimizar la tramitación de pagos en las instituciones públicas.
Marco legal y objetivos
La disposición se sustenta en la Ley 126-02, que reconoce la firma digital como un mecanismo seguro para garantizar la autenticidad e integridad de los documentos electrónicos.
El ministro de Hacienda, Magín Díaz, destacó que esta iniciativa forma parte del proceso de modernización del Estado.
“Avanzamos hacia una gestión más eficiente, transparente y alineada con los objetivos de burocracia cero impulsados por el presidente Luis Abinader”, expresó.
Firma de la resolución
La resolución conjunta fue firmada por el propio Díaz, junto al ministro de Administración Pública, Sigmund Freund; el contralor general, Geraldo Espinosa; y el tesorero nacional, Luis Delgado.
Las autoridades indicaron que esta medida permitirá mejorar los controles internos, optimizar los tiempos de respuesta y fortalecer la gestión financiera del Estado.
Implementación gradual
La firma digital será implementada de manera progresiva, conforme a un cronograma definido por el Ministerio de Hacienda, en coordinación con la Contraloría General, el Ministerio de Administración Pública y la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación.
Su uso será obligatorio para las entidades del Gobierno Central, instituciones descentralizadas, organismos autónomos no financieros y entidades de la seguridad social que operan mediante el SIGEF.
Control y seguimiento
Con la entrada en vigor de esta medida, la Contraloría General utilizará expedientes electrónicos y documentos firmados digitalmente para los procesos de fiscalización, control interno y validación de pagos.
Asimismo, las instituciones deberán reportar indicadores clave como cantidad de órdenes procesadas, tiempos de autorización, incidencias técnicas y uso de mecanismos de contingencia, con el fin de garantizar la trazabilidad, auditoría y mejora continua del sistema.
